Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil Destacado

La Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia se ocupa de diseñar, coordinar y gestionar las políticas de responsabilidad penal juvenil, respetuosas de los derechos humanos, en general, y de los derechos de los y las adolescentes, en particular, dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos , las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana), y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), las cuales conforman el plexo normativo que sostiene los estándares internacionales de DDHH en materia de justicia juvenil, así como la ley nacional 26.061 y las leyes provinciales 13.298 y 13.634.


Desde esta Subsecretaría trabajamos en el marco de las medidas impuestas por la instancia judicial a las y los adolescentes en conflicto con la ley penal atendiendo a:

 

• El Principio de Especialidad en materia penal juvenil, implica la creación de un sistema especializado con normas, procedimientos y establecimientos diferentes al de los adultos. El/la adolescente, como sujeto en formación, goza de un plus de derechos que nos obliga a pensar las políticas públicas destinadas a abordar su situación desde una perspectiva socioeducativa: es decir, asegurarle el acceso a sus derechos, así como generar espacios de reflexión y responsabilización acerca de su accionar de acuerdo con las características particulares del período evolutivo en el que se encuentre, buscando construir un escenario que lo aleje de la transgresión de la norma, superando de esta forma la concepción meramente punitivista de la medida.

 

• El Principio de Progresividad: Si bien la medida es impuesta por la justicia, consideramos que el abordaje debe realizarse de forma articulada, en relación a esto, resulta importante destacar este principio, el cual implicaque la privación de la libertad ambulatoria sea la medida de última ratio y su implementación de carácter excepcional, es decir, como último recurso, y por el menor tiempo posible.


Atendiendo que el único derecho limitado y/o restringido es el de la libertad ambulatoria, desde esta Subsecretaría se trabaja para garantizar el acceso a la educación, a través de su incorporación en los distintos niveles educativos (recuperando aquellas trayectorias educativas interrumpidas) y la realización de distintos talleres socioeducativos (talleres de oficios, recreativos y de sensibilización en distintas temáticas); el derecho a la identidad en los casos en que se requiere; derecho a la salud; la vinculación con su familia o vínculos con referentes positivos, etc. planteando una propuesta de abordaje capaz de atender a la particularidad de cada caso.


Es nuestra responsabilidad primaria acompañar las distintas medidas penales impuestas a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, las que necesariamente deben tender a la finalidad socioeducativa, articulando con los distintos actores y efectores para en el marco de la interdisciplina, y desde una perspectiva interinstitucional integrar el proceso de desinstitucionalización, propiciando las mejores condiciones para el egreso, siempre que el marco socio-jurídico lo habilite.

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